El juicio por el llamado caso mascarillas, uno de los procesos judiciales más relevantes sobre la gestión de contratos durante la pandemia, comenzó el pasado 7 de abril de 2026 en el Tribunal Supremo de Madrid. En el banquillo de los acusados se encuentran el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quienes enfrentan acusaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Testimonios revelan entregas de dinero y relaciones personales
Desde su inicio, el proceso ha estado marcado por una alta expectación mediática. En las primeras jornadas, la comparecencia de once testigos evidenció la complejidad de la investigación, que apunta a posibles beneficios personales derivados de relaciones cercanas y a un sistema de contrataciones poco transparentes en empresas públicas.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la confirmación de supuestas entregas de dinero en efectivo. La empresaria Carmen Pano aseguró haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede del PSOE en Ferraz, siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama. Su hija, Leonor González Pano, indicó además que cantidades mayores habrían estado vinculadas al empresario.
Declaraciones familiares y presuntos ‘enchufes’
Las declaraciones de familiares y allegados han añadido más capas al caso. Víctor Ábalos, hijo del exministro, negó haber custodiado dinero oculto relacionado con la trama. Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, reconoció haber recibido ingresos de empresas públicas como Ineco y Tragsatec sin desempeñar funciones laborales, aunque el exministro ha negado haber intervenido directamente para favorecerla. Por su parte, Joseba García, hermano de Koldo, admitió haber recogido sobres con dinero en Ferraz, defendiendo que eran favores personales.
Otro eje central del juicio es el presunto sistema de ‘enchufes’ en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes. Testigos han señalado que ciertos currículums llegaban por canales informales y que las decisiones de contratación podían estar influenciadas por intermediarios. Claudia Montes, aunque negó haber sido beneficiada directamente por Ábalos, reconoció que Koldo García era su superior y que sus funciones laborales eran limitadas.
Investigación sobre el flujo de fondos
Los testimonios han abierto nuevas líneas de investigación sobre el flujo de dinero. Otros testigos relataron movimientos de efectivo en distintos países, incluyendo una entrega de 20.000 dólares en República Dominicana. El chófer Álvaro Gallego describió haber visto bolsas con grandes cantidades de efectivo. La investigación busca determinar si estos movimientos guardan relación directa con adjudicaciones de contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
Los acusados han rechazado todas las versiones, insistiendo en que no existió ningún sistema irregular ni tráfico de influencias dentro de la administración pública. El proceso, encabezado por el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, continúa su curso en el Tribunal Supremo.
